"Los primeros nuevos empleos los crearán las pymes"

EL PAÍS. 31/05/2011.EDICIÓN DIGITAL.

ENTREVISTA: MANUEL TERUEL Presidente del Consejo Superior de Cámaras

Manuel Teruel (Santa Eulalia, Teruel, 1956) acaba de ser elegido presidente del Consejo Superior de Cámaras, un órgano que aglutina a las 88 cámaras españolas tras la dimisión de Javier Gómez-Navarro, que dejo el cargo por estar en desacuerdo con un Real Decreto que exime a las empresas de sus cuotas obligatorias para financiar a las cámaras y que pone a estas entidades contra la pared y con el futuro en el aire. Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Zaragoza, es un empresario que preside Taimweser, una compañía de tecnología llave en mano que cuenta con una plantilla de 350 trabajadores, 100 de ellos ingenieros y una facturación de más de 100 millones de euros.

Pregunta. ¿Qué le ha movido a presentarse a un cargo tan complicado en este momento?

Respuesta. Cuando dimitió Goméz-Navarro, un grupo de presidente de cámaras pensamos que era necesario dar un paso al frente porque creemos en estas entidades y me propusieron que reactivemos las cámaras porque las empresas lo necesitan.

P. Se habla de que con el Real Decreto pueden desaparecer la mitad de las cámaras.

R. Yo, desde luego, vengo con la intención de potenciarlas. No tengo vocación de enterrador y quiero refundar las cámaras. Las pequeñas y medianas empresas necesitan a estas entidades. El momento es muy dificil pero los primeros empleos que se creen en España tras la crisis lo crearán las pymes y por eso hay que potenciarlas. Hay 1.300.000 pymes y si cada empresa creara un empleo, ya llovería menos.

P. Usted propone una nueva Ley de Cámaras, pero eso es lento ¿Como sobreviven mientras?

R. Voy a fomentar un consenso de las empresas con el Gobierno y las Comunidades Autónomas para una nueva ley en la próxima legislatura. Para 2011 tenemos la financiación asegurada, para 2012 solamente pagarán las empresas que facturan más de 10 millones al año y para 2013 tenemos que buscarnos la vida. No obstante, he pedido a Industria un año más de plazo para que comience el nuevo sistema.

P. Usted habló de copago en su investidura ¿Cómo se concreta ese proyecto?

R. Mi idea es que las empresas paguen una parte de los servicios, cuya calidad debemos mejorar y de paso hacer un ejercicio de humildad. Queremos implicar a la Administración y a las Comunidades Autónomas y además creo que podemos financiar una parte con el patrocinio.

P. ¿Qué aporta que sea un empresario en lugar de un político el que dirija las cámaras?

R. Creo que es un factor positivo porque yo tengo la misma genética y problemas que las empresas, a las que hay que ayudar dándoles servicio.

P. ¿Cómo son las relaciones con CEOE y qué esperan de la patronal en su nueva etapa?

R. La relación con CEOE ha sido más de personas que de organismos. Yo que tengo una gran relación con ellos porque pertenezco a Confemetal y estamos en muy buena síntonía .

P. ¿Espera que un nuevo Gobierno en 2012 sea más sensible a las cámaras?

R. No sé que sensibilidad tendrá. Lo cierto es que nosotros nos proponemos refundar las cámaras. Se tomó una decisión muy radical en una coyuntura muy difícil con la presión de los mercados y sin consenso cuando lo lógico era que se hubiera buscando un acuerdo.

«Las pymes están al borde del colapso porque no se está cumpliendo la ley de morosidad»

«Las pymes están al borde del colapso porque no se está cumpliendo la ley de morosidad».

Cepyme Aragón denuncia que la demora en los pagos se ha llevado por delante 24.000 empresas en un año.

HERALDO DE ARAGÓN.27/05/2011.EDICIÓN DIGITAL.

 La demora en los pagos de 180 días o más está asfixiando económicamente a la mediana y la pequeña empresa. «La situación es cada día más grave. No se cumple la ley de la morosidad y además, al no haber crédito, los acreedores no obtienen préstamos que les permitan adelantar el pago de su deuda, con lo que las pymes se encuentran al borde del colapso», señaló Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón, que ayer reunió al comité ejecutivo para denunciar públicamente que «la Administración es la primera que no cumple y que como no se corrija, las pymes van a seguir cayendo». De hecho, constató, en los últimos doce meses han desaparecido 24.000 empresas, la mayoría pymes, si bien reconoció que «las grandes también son víctimas del retraso en los pagos por parte de las administraciones».

Los mayores problemas de morosidad los sufren los subcontratistas de las grandes empresas y los proveedores de la Administración, explicó el máximo responsable de Cepyme Aragón. Las leyes están para cumplirlas y sin embargo, la de Morosidad, aprobada el año pasado y que establece que el sector público debe pagar en 50 días (en 30 a partir de 2013), no se está cumpliendo. «Ahora están pagando de media a 160 y 180 días, algo que triplica lo permitido» y en algunos casos en empresas particulares la demora del pago a proveedores llega incluso al año», destacó.

La sequía crediticia

El problema es gravísimo y lo complica todavía más la falta de crédito. «Antes existía la figura del 'endoso' que permitía a las entidades bancarias adelantar el pago de las certificaciones a cuenta de la Administración, pero con la crisis ha desaparecido», señaló López de Hita, quien, en calidad de vicepresidente nacional de Cepyme, pidió que se estableciera una línea de crédito ICO en este sentido, para adelantar las certificaciones de la Administración a las empresas», pero que de momento no ha obtenido respuesta.

Y lo peor de todo, a su juicio, es que «se sigue perdiendo tejido industrial y lo que se ha destruido en tres años puede costarnos mucho recuperarlo». Por eso, pidió a los responsables políticos que atajen esta sangría: «En las recientes elecciones se ha visto que el clamor pidiendo el cambio es unánime. Lo que hace falta es que las nuevas administraciones tomen medidas y que el cambio en el Gobierno central se produzca cuanto antes».

Asimismo, Cepyme criticó las «artimañas» que se utilizan para esquivar el cumplimiento de la ley de morosidad como «el sistema del 'confirming' para poder cobrar en el plazo que marca la ley, aunque el vencimiento sea muy superior (180 o más días) cargando los intereses a la cuenta de la pyme». Otros métodos más burdos como el contrato privado, en el que el contratista condiciona la realización del trabajo a pagarlo cuando quiera, también se emplea estrangulando cada vez más a las pymes. «Se quejan constantemente de la morosidad, pero no denuncian a la empresa para que no les corte los encargos», dijo López de Hita.

Un agujero de 28.630 millones

Si la administración pública, las empresas y los consumidores pagasen todas sus facturas, equivaldría a una inyección para la economía española de 28.630 millones de euros, una cifra más de cinco veces superior a la ayuda que España concederá a Portugal para que supere la amenaza de quiebra financiera. Esa es la principal conclusión del estudio Índice de Riesgo 2011 elaborado por la consultora sueca Itrium Justitia, que analiza la evolución de los impagos comerciales en 25 países europeos. Sus cálculos muestran, además, que las pérdidas por impagos siguen aumentando, cada vez a un ritmo más intenso. Las protagonizadas por empresas españolas, por ejemplo, se sitúan ya en el 2,7%, frente al 2,5% del año anterior.

El triple que en Europa

El informe denuncia, además, que la puesta en marcha de la llamada Ley de Morosidad no ha hecho disminuir ni un solo día los plazos de pago de las administraciones públicas y compañías privadas. En 2011, el período medio, incluidos los retrasos, ha aumentado hasta 106 días, desde los 103 que marcó en 2010. En Europa, la media escaló hasta la mitad, 53 días, frente a los 52 del año pasado.

La multinacional escandinava denuncia que la administración pública sigue pagando sus facturas en un «plazo real» de 153 días, el mismo que en 2010, mientras que las empresas han incrementado el suyo un día, hasta los 99. Por su parte, los datos europeos reflejan que los organismos públicos pagan en 65 días y las empresas en 56. Los datos en algunos países registran una diferencia de hasta 100 días respecto a lo que pasa en España.

Discotecas, pubs y panaderías se adjudican parques eólicos

Discotecas, pubs y panaderías se adjudican parques eólicos.

Diario "El Economista". 26/05/2011. Edición digital.

Cómo se explica alguien que parte de las adjudicaciones de los concursos autonómicos en España hayan ido para empresas locales que nada tienen que ver con el negocio energético. Los Tribunales han visto varias deficiencias en estos procesos y hay distintos procesos judiciales encima de la mesa que pueden dar al traste con estas iniciativas de las comunidades autónomas que prometían ser un nuevo motor económico y la consolidación del sector en España.

La pasarela que supone en estos días la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente Genera 2011, que tiene lugar en el recinto ferial de Madrid, Ifema, ha puesto de manifiesto la frustración que representan para las compañías dedicadas a este sector estas adjudicaciones, frente a estos concursos que se han convertido en armas electoralistas.

Discotecas, empresas de transporte o de limpieza, panaderías, una quesería, plantas de basuras, una fábrica de lámparas con tecnología de red, un grupo de aprovechamiento de sangre animal, grúas móviles para puertos, componentes para aparcamientos robotizados, financiación y mantenimiento de infraestructuras hospitalarias... La lista de adjudicatarios es larga y de lo más dispar en estos concursos de Aragón, Cataluña, Galicia, Cantabria, Andalucía, Castilla y León o el País Vasco.

Todos ellos salpicados de polémica, pero no sólo eso, sino que el problema reside en que gran parte de estos proyectos no se están desarrollando y curiosamente la mayoría coinciden con los asignados a las empresas locales.

Así, destaca que en comunidades como Andalucía los promotores y empresas locales se hayan llevado el 50 por ciento de la capacidad sacada a concurso, pero sólo se estén desarrollando un 12 por ciento de los mismos. Lo mismo ocurre con Aragón donde se llevaron el 33 por ciento de los megavatios y sólo se están desarrollando un 19 por ciento.

En Asturias, esta diferencia es del 27 por ciento frente a un 4 por ciento, en Cataluña se han adjudicado un 21 por ciento frente a un 7 por ciento de parques que se han puesto en marcha finalmente y en Galicia las empresas locales consiguieron el 25 por ciento de la capacidad adjudicada, pero sólo desarrollan un 9 por ciento.

Con todo, actualmente hay aproximadamente 14.000 megavatios adjudicados y pendientes de ponerse en operación.

¿Y qué está ocurriendo para que haya este retraso en la ejecución de los proyectos? Los procesos judiciales han destapado varias respuestas. De un lado, ha salido a la luz que las licencias de los parques son un gran negocio, por la escasez precisamente de las mismas. Así, al igual que ya ha ocurrido en otros concursos las empresas pueden revender sus proyectos a otras compañías y conseguir una gran rentabilidad.

Negocio de vender licencias

Cabe destacar que los fabricantes de aerogeneradores han vendido permisos o parques construidos como estrategia de venta de las turbinas, pero además los agentes locales y algunas empresas renovables han vendido sus derechos con el objetivo de sacar altos beneficios en un corto plazo de tiempo. De esta forma, tan sólo estos tres grupos han cedido gran parte de la potencia adjudicada, pasando a tener un 18 por ciento de potencia operativa, frente al 53 por ciento inicialmente asignado.

De ahí que coincida precisamente que algunas de las pequeñas empresas adjudicatarias de estos concursos se hayan constituido hace relativamente poco tiempo, como es el caso de un bar de copas de Zaragoza, domiciliada hace tan sólo un año como ZZI Temple Zaragoza con el objetivo de explotar todo tipo de negocios de hostelería y restauración, pero el Gobierno de Aragón le ha garantizado la explotación de 9 megavatios en un pequeño municipio al suroeste de Teruel, en Almohaja.

En concreto, el concurso de Aragón es el más reciente a la par que uno de los más polémicos. Además del caso comentado, en este proceso también han sido adjudicatarios Pub Paparazzi y Transportes Carreras, cuyo dueño, según la prensa local, tiene una estrecha relación con Marcelino Iglesias, presidente de Aragón. También, Codesport porque pertenece a Agapito Iglesias, presidente del Real Zaragoza, y adjudicatario de la mayor obra civil realizada en la capital aragonesa en los últimos años: la plataforma logística Plaza, promovida por la Consejería de Ordenación del Territorio.

Además, en la resolución de este concurso se han asignados parques muy pequeños, de una media de 14 megavatios, lo que hace que la rentabilidad de estas inversiones sean muy bajas. De hecho, la media de la potencia de los parques en un concurso eólico suele ser mucho mayor y por promotor las adjudicaciones suman unos 100 MW.

Problemas para la red

En este sentido, el director de Operaciones de Red Eléctrica, Alberto Carbajo, señaló recientemente la dificultad que representa la conexión de los parques declarados de Interés Especial en el concurso de Aragón, por su pequeño tamaño y dispersión geográfica, que "inevitablemente encarecerá las inversiones en infraestructuras eléctricas y complicará la gestión de los centros de control, de tal forma que muchos de estos proyectos pueden ser inviables".

El problema se presenta para las grandes eléctricas tradicionales que en sus alegaciones a los recursos de estos concursos señalan que el desarrollo de los parques industriales presentados a las adjudicaciones autonómicas (instalaciones de torres meteorológicas, preparación de proyectos...) implica inversiones que pueden alcanzar los 5 millones de euros a fondo perdido en el caso de que las ofertas no resulten seleccionadas.

Pero hay una realidad irrefutable que reside en que para llevar a buen puerto estos parques es necesario una fortaleza financiera y técnica que hace casi imposible asumir por las pequeñas empresas adjudicatarias. Para empezar, según expertos del sector, muchas sociedades pueden tener problemas para cumplir con la legislación del sector eléctrico. Además, hay que destacar que no se han realizado análisis medioambientales y hay parques sobre zonas sensibles.

A este aspecto, el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León ha anulado cinco parques eólicos en la provincia de León al estimar el argumento de SEO/BirdLife y el Grupo para el Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa de que las evaluaciones de impacto ambiental de los parques de las comarcas de Omaña y Luna eran deficientes. Este precedente podría suponer la necesidad de revocar las autorizaciones concedidas en Castilla y León a numerosos proyectos en análogas circunstancias.

Repetición de los concursos

Por tanto, numerosas revocaciones pueden sucederse con el resto de concursos de las comunidades autónomas, como en Cataluña, donde había zonas en juego que sumaban 769 megavatios y cuyo resultado se hizo público el pasado mes de octubre, en los últimos días de Gobierno en coalición del PSOE-ERC. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió el 3 de marzo la resolución del concurso tras aceptar el recurso de dos asociaciones de ecologistas del Ampordá.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, indicó recientemente que el concurso contenía defectos de forma y baraja la posibilidad de que tenga que repetirse.

Galicia también ha sido un caso peculiar. Existió un primer intento con el Gobierno del BNG-PSOE, donde las empresas adjudicatarias fueron de lo más variopintas, con la presencia de hasta una fábrica de cubiertos. Pero el proceso fue anulado por el Partido Popular tras su llegada al gobierno y se convocó otro concurso, con un resultado también polémico.

La energía limpia se 'ensucia'

Para añadir más leña al fuego, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha declarado la validez del concurso eólico del bipartito, lo que ahora podría costar aproximadamente unos 300 millones a la Junta.

Por último, en Cantabria, siete empresas se han hecho con los 1.400 megavatios en juego y numerosas compañías que se presentaron al concurso han recurrido la resolución, al igual que varios grupos de ecologistas. Además, este concurso ha sido uno de los puntos estrella en la campaña electoral para las elecciones y desde el Gobierno se ha enfocado como un elemento clave de modernización de la región a través de las energías limpias.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de tumbar la adjudicación de cuatro parques eólicos que hizo el Gobierno de Ibarretxe en 2008 por haber aplicado criterios de evaluación de las ofertas que no eran conocidos por los participantes.

Lamentablemente, la tecnología limpia se está empañando de elementos distorsionadores para la economía y aspectos negativos para el sector de la energía verde.

Grecia prevé entrar en junio en bancarrota si no recibe ayuda

Grecia prevé entrar en junio en bancarrota si no recibe ayuda.

Grecia presiona a Bruselas para que aporte la ayuda prometida bajo el riesgo de entrar en bancarrota en junio. Mientras la UE espera que el Gobierno concrete su plan de reformas, los sindicatos anuncian una nueva huelga general.

DIARIO CINCO DÍAS. 25/05/2011. EDICIÓN DIGITAL.

Las espadas siguen en alto. El ministro de Finanzas griego, Yorgos Papaconstantinu, afirmó ayer en Atenas que si Grecia no recibe un quinto tramo de ayuda externa por 12.000 millones de euros en junio, el país declarará la bancarrota. "La verdad es muy difícil y si no recibimos el dinero hacia el 26 de junio nos veremos obligados a cerrar la tienda y declarar la imposibilidad de pagar nuestras obligaciones", dijo el titular en una entrevista al canal de TV Skai.

El Gobierno está a la espera de que las medidas de austeridad anunciadas reciban el visto bueno de los expertos de la UE y el FMI que llegan mañana a Atenas. Las dos instituciones otorgaron a Grecia un plan de ayuda trienal de 110.000 millones de euros en 2010.

El Gobierno griego ha aprobado nuevas medidas de austeridad para ahorrar 28.000 millones hasta 2015. Además, anunció un plan de privatizaciones para obtener 50.000 millones adicionales, después de que la UE presionase para que aplicara de forma urgente nuevas reformas. Papaconstantinu atribuye a "una recesión más profunda de lo esperado" el hecho de que el déficit aumente en los primeros cuatro meses del año hasta 7.246 millones de euros, superando los pronósticos en 322 millones. El ministro reconoció que para ahorrar se despedirán a empleados públicos con contratos temporales pese a que el Gobierno trató de evitarlo, declarando que ya no se les ha renovado el contrato a 30.000 de ellos y que con las bajas voluntarias hay 83.000 funcionarios menos. Papaconstantinu descartó que Grecia estudie abandonar el euro. "En este momento, el euro es un puerto protector". El objetivo es reducir el déficit del 10,5% al 3% del PIB en 2014.

La Comisión Europea recordó ayer que el desembolso del próximo tramo del rescate debe ser aprobado por los ministros de Finanzas de la eurozona, y para ello hace falta esperar a los resultados de la misión de verificación del programa de rescate que se encuentra en Atenas. Mientras tanto, los sindicatos convocaron ayer una gran manifestación para el sábado y una nueva huelga general para el 21 de junio.

Riesgo de contagio a Irlanda y Portugal

La agencia Moody's considera que un impago de la deuda de Grecia tendría implicaciones adversas para otros países de la eurozona, independientemente de los esfuerzos para ejecutarlo de forma ordenada. En el caso de Irlanda o Portugal podría suponer la rebaja de sus respectivos ratings incluso por debajo del grado de inversión, mientras que España se encontraría entre los países "menos frágiles". El director de crédito para la región de Moody's, Alastair Wilson, considera que en estos países "menos frágiles" un impago griego "añadiría presión sobre la nota, pero solo conllevaría su rebaja si los trastornos del mercado y los mayores costes de financiación fueran persistentes".

Mientras este tipo de análisis se suceden, la oposición política griega rechazó ayer el nuevo plan de ajuste presentado por el Gobierno.

La red de electrodomésticos Miró entra en concurso con 260 millones de pasivo

La red de electrodomésticos Miró entra en concurso con 260 millones de pasivo.

Diario Cinco Días. 24/05/2011. EDICIÓN DIGITAL.

El Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona declaró ayer el concurso voluntario de acreedores de la cadena de electrodomésticos Miró, que presenta un pasivo de 260,39 millones de euros y un activo aproximado de 254,55 millones.

En su solicitud de concurso ante el juez, la compañía expresa su voluntad de continuar su actividad empresarial a pese a las actuales dificultades para pagar a los proveedores.

El titular del Juzgado Mercantil número 1 ha nombrado como administradores concursales a Antonio Carreño León, José Vicente Estrada y un representante de Banesto, que tendrán acceso, si es necesario, a la contabilidad, documentación y locales de la empresa, tal y como indica la resolución judicial.

A partir de la publicación del concurso en el Boletín Oficial del Estado, los acreedores tendrán un plazo de un mes para comunicar su crédito.

La dirección de Miró, ubicada en Martorell (Barcelona), se ha comprometido con los trabajadores a no cerrar ninguna de las 150 tiendas que tiene actualmente repartidas por toda España, Aunque inicialmente aseguraron que solo podrían mantener alrededor de un centenar.

La caída de las ventas debido a la contracción de la demanda es uno de los argumentos que ha utilizado la empresa para explicar el mal momento económico que atraviesa.

Establiments Miró fue fundada en 1971 por Francesc Miró, el actual director general, cuando solo tenía 15 años. Empezó siendo una pequeña tienda en Martorell, pero pronto creció y se extendió por toda España con una red de establecimientos dedicados a la venta de electrodomésticos y de electrónica de consumo.

En los últimos años, desde el inicio de la crisis económica, la cifra de ventas de Miró ha ido descendiendo. Las últimas cuentas presentadas al Registro Mercantil, del año 2009, indicaban una facturación de 332 millones de euros, 20 millones menos que en 2008, y un beneficio de 935.476 euros

El cine 3D, al rescate de los exhibidores españoles.

Digitalizar una sala de cine cuesta más de 100.000 euros. No obstante, no hay camino alternativo. Las películas en tres dimensiones, que aportan unos márgenes superiores, constituyen una pequeña ayuda.

EXPANSIÓN. 24/05/1011. EDICIÓN DIGITAL.

Las viejas y pesadas bobinas de película de 35 milímetros pronto serán cosa del pasado. Poco a poco, los locales de cine en España van incorporando las nuevas tecnologías, que garantizan una mayor calidad de la imagen y del sonido, además de un transporte mucho menos engorroso.

No obstante, la elevada inversión que se necesita para digitalizar una sala pone en riesgo la supervivencia de los exhibidores, sobre todo, de aquéllos que no cuentan con el apoyo de un gran grupo internacional. El 40,1% de los cines en España, situados en su mayoría en pequeñas localidades, cuenta con una sola sala.

La dificultad de financiar la cara tecnología audiovisual digital, junto a la menor afluencia de espectadores y el impacto de la piratería, está resintiendo las cuentas del sector desde 2004, años antes de la crisis económica. En este periodo, han desaparecido muchas de las salas de cine más tradicionales en España, como el emblemático cine Palacio de la Música, ubicado en la Gran Vía madrileña desde 1924, que bajó su telón para siempre en 2008.

Muchas víctimas
Si en el año 2000 había trece cines en la Gran Vía de Madrid, hoy sólo quedan tres: el Capitol, el Palacio de la Prensa y el de Callao. Muchos se han reconvertido en teatros. Otros, en oficinas.

La misma suerte han corrido en Barcelona el Cine Rex, que, con una sola sala, ocupaba el número 463 de la Gran Vía catalana, y el archipopular Cine París, en el Portal del Ángel, que proyectó su última película en 2007. En Valencia, hace un año que cerraron los Cines Albatros, lugar donde los amantes del séptimo arte podían disfrutar de películas en versión original subtitulada y de cine independiente.

Y, en Bilbao, la crisis se ha llevado por delante, hace sólo una semana, a los cines Capitol, el último superviviente de los clásicos de la ciudad, después de 53 años de andadura. Ahora, el negocio se concentra principalmente en las zonas periféricas de las ciudades, donde instalan sus macrocines los grandes exhibidores internacionales.

Es el caso de Kinépolis en Pozuelo de Alarcón (Madrid) que, con 25 salas, constituye los cines más grandes en España. Le siguen Kinépolis Valencia, Cinesa Parc Vallés de Terrassa (Barcelona) y los Cinesa Las Rozas, en la localidad madrileña de este nombre, con una sala menos.

Según el último censo de salas de cine de que elabora la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), a 1 de abril de 2011, existían en España 763 locales de cine, que sumaban 3.932 salas y 898.950 butacas.
Estas cifras reflejan una significativa reducción del número de exhibidores en los últimos años, hasta niveles de 1998. No obstante, si se compara el volumen de salas y el aforo, hoy existen en España una cantidad similar a la de 2004. Es decir, hoy hay menos cines, pero más grandes.

Con todo, tampoco los centros comerciales se salvan de la crisis. El próximo 31 de mayo, precisamente, se cumplirá un año de la desaparición de los cines ABC Gran Vía de Alicante, ubicados desde 1998 en el centro comercial con el mismo nombre.

Ortega compra una manzana de 4.000 metros cuadrados en el centro comercial de Londres

El fundador de Inditex pagará 250 millones de euros para hacerse con varios inmuebles en Oxford Street.

EXPANSIÓN. 23/05/2011. EDICIÓN DIGITAL.

Amancio Ortega, el fundador y ex presidente de Inditex, está ultimando un acuerdo para comprar una isla de más de 4.000 metros cuadrados en pleno centro comercial de Londres, según informa la publicación especializada en temas inmobiliarios PropertyWeek.com. Se estima que el coste total de la operación asciende a 220 millones de libras (casi 250 millones de euros).

El empresario español, considerado por Forbes como la séptima persona más rica del mundo con un patrimonio de 31.000 millones de dólares, ya es el propietario de una parte de la manzana, situada en Oxford Street y en la que conviven una tienda de su cadena estrella, Zara, con locales de Next, New Look o River Island.

Según explica la publicación, Ortega está en conversaciones con la sociedad de inversores irlandeses Cosgrave para hacerse con los números 197-213 de la calle, de la que posee los bloques 215-219, por los que pagó 55,1 millones de libras en octubre (62,5 millones de euros). Ahora, deberá pagar otros 165 millones de libras para hacerse con el resto de la manzana, conocida como Jubilee House.

Por encima de los locales comerciales, que suponen el 80% de los ingresos del bloque, con una altura de hasta seis pisos, las oficinas están alquiladas a la casa de subastas Christie's, a la empresa de recursos humanos Hays y al despacho de arquitectos 3D Reid. La superficie total de los inmuebles supera los 16.000 metros cuadrados.

Ortega, recuerda la publicación, ya es dueño de varios locales comerciales y oficinas en las zonas más prestigiosas de la capital británica como el West End o la City (centro financiero). También posee inmuebles en Nueva York, Florida, Madrid y Lisboa.